Ingesa cuela memorias justificativas como si fueran contratos. Todos los contratos que adjudica la administración tienen un formato común. Comienzan señalando el lugar y la fecha del acto para utilizar a continuación la fórmula REUNIDOS, donde tras la cual se cita a las personas firmantes del contrato y su responsabilidad corporativa o empresarial. Normalmente uno de los firmantes estará formando parte del sector público y el segundo de ellos del sector privado.
Analizamos los contratos de Sanidad, en esta tercera entrega. El detalle que se señala tras el nombre y apellidos, de cada uno de los firmantes, es muy extenso. En el caso del responsable de la Administración se cita el Organismo al que pertenece, su dirección postal, el cargo que ocupa, la legislación que le habilita para contratar, las facultades y competencias otorgadas, etc. Por otra parte del empresario, o empresarios contratados, vamos a conocer su nombre completo, la empresa a la que pertenece, el cargo que ocupa, el CIF y domicilio social de la misma, el apoderamiento notarial, etc.
Contratos de Sanidad
Tras este formulismo inicial, aunque indispensable para saber quiénes son los responsables del contrato, asoma el texto: “ACUERDAN FORMALIZAR ESTE CONTRATO DE…” que precisamente legaliza el acto.
Antecedentes que reconocen alerta el 30 de enero
A continuación se refieren los antecedentes administrativos, con varios apartados o puntos, que en los contratos que realiza el INGESA se señalan hasta nueve. En ellos se justifica, entre otras cosas, la declaración de emergencia ocasionada por la pandemia del coronavirus.
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Los acuerdos a los que llegan las partes contratantes se señalan en unas cláusulas donde consta, en el presenta caso, cual es el suministro a realizar, los plazos para su ejecución, albaranes, el importe. Todo muy meticuloso, quedando todo atado y bien atado, como no puede ser de otra manera.
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Por último el contrato se firma por duplicado y finaliza con el texto “EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES FIRMAN…” estampando su firma ambos responsables del mismo.
Mientras que gran parte de los contratos se ajustan a la legalidad, al utilizarse el formato anteriormente expuesto, hemos observado que hasta en otros 14 se ha eludido, de manera alevosa, toda la información de la parte contratada, limitándose el documento contractual a conocer solamente el nombre de la sociedad, normalmente radicada en China. Casualmente, o no tanto, estos supuestos catorce contratos son los más voluminosos económicamente hablando, alcanzando todos ellos muchos cientos de millones de euros.
No existe contrato, solo memoria
Pero es mucho más. No existe contrato, o al menos no se nos ha expuesto. Aparece en la Plataforma de Contratación del Estado una MEMORIA JUSTIFICATIVA de tres páginas, que a continuación exponemos y que nada tiene que ver con un documento contractual, donde en los supuestos catorce contratos insertan la misma literatura, diferenciándose entre ellos, únicamente, en el apartado JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.
En este supuesto documento de contratos de sanidad, de importe muy próximo a los doscientos millones de euros, solo conocemos el nombre del adjudicatario. No existe ninguna firma, no conocemos quien es el representante legal, no existe ningún dato de contacto, por lo que no nos extraña que cuando el BOE publica la adjudicación se señale la dirección y la localidad como DESCONOCIDA, aunque cometan el error de señalar que el país del adjudicatario es ESPAÑA. Solo esperamos que si queda alguna dignidad en el Ministerio de Sanidad den el nombre del empresario español que intermedia con China y que es el verdadero firmante del contrato que se nos ha usurpado.
Javier Cordero
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