Por el bien de las mujeres —dicen—. Por el respeto a la dignidad humana —repiten—. Pero lo cierto es que el PSOE lleva décadas promoviendo leyes abolicionistas mientras, en los despachos, en los hoteles y en las fiestas privadas, algunos de sus dirigentes se reparten prostitutas como quien encarga canapés.
La última entrega de este esperpento moral llega con los audios entre José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, donde se habla de mujeres “repartidas” para un fin de semana, con total impunidad, y —lo que es peor— con un lenguaje que recuerda al tráfico de ganado. Lo más grave no es el tono; es la falta de sorpresa. Porque esto no es nuevo.
La doble moral como doctrina de partido
Desde el caso Mediador —con el diputado socialista canario “Tito Berni” organizando orgías con empresarios y prostitutas en hoteles de lujo— hasta las acusaciones de fiestas sexuales en Paradores oficiales, la prostitución no ha sido un “problema” para algunos cuadros del partido. Ha sido una costumbre. Y no una privada, sino muchas veces sufragada, directa o indirectamente, con dinero público.
Mientras tanto, en la tribuna del Congreso, el PSOE exhibe su feminismo intransigente, proponiendo leyes que equiparan todo ejercicio del trabajo sexual con violencia patriarcal, cerrando clubes, penalizando proxenetas, estigmatizando a las trabajadoras y persiguiendo a los clientes. Pero no a sus clientes.
No hay contradicción mayor ni cinismo más clamoroso: legislar contra lo que tú mismo practicas. Convertir en delito aquello de lo que tú, diputado, senador o asesor, disfrutas con frecuencia y opacidad. No es hipocresía: es corrupción moral.
La abolición no protege: margina, oculta y alimenta la clandestinidad
La política abolicionista —nacida del dogma, no del análisis— no ha mejorado ni la vida ni las condiciones de quienes ejercen el trabajo sexual. Al contrario: ha empujado a muchas mujeres a la clandestinidad, a la inseguridad, al silencio. A trabajar sin derechos, sin fiscalización, sin herramientas legales de protección.
Y eso es lo que permite que los señores con cargo las usen en secreto, que las paguen en negro, que las compren con fondos de representación o con maletines de comisiones. Que no dejen rastro. Que no haya contratos, ni recibos, ni reclamaciones posibles.
Legalizar para fiscalizar: una medida ética y democrática
La única forma de evitar que un diputado organice una bacanal con prostitutas pagada con dinero público no es prohibir la prostitución: es legalizarla. Darle un marco regulado, con controles, con facturación, con convenios laborales y con derechos.
Cuando una actividad está regulada, no es tan fácil esconderla. Cuando una profesional del sexo está dada de alta, puede denunciar abusos, impagos, explotación o amenazas. Cuando hay contratos, hay responsabilidad. Cuando hay inspecciones de trabajo, se acaban las orgías con maletines y los silencios cómplices.
La legalización no es un premio al vicio, como pretende el abolicionismo puritano. Es una herramienta democrática para proteger a las mujeres que eligen ese trabajo y para impedir que los poderosos lo disfruten sin consecuencias.
¿Quién teme a la verdad?
El PSOE, como otros partidos, ha alimentado durante años un relato que convierte a todas las prostitutas en víctimas sin voz, sin agencia, sin elección. Y a todos sus clientes en depredadores sin alma. Pero resulta que entre esos clientes hay senadores, asesores, ministros. Y que, si no son castigados, es porque las leyes que ellos mismos promueven no están pensadas para sí mismos.
Es hora de romper el relato. Es hora de defender los derechos laborales de las prostitutas, no su conversión forzosa en mártires del patriarcado. Y es hora, sobre todo, de exigir a quienes legislan que no vivan como sátrapas lo que denuncian como crimen. Que dejen de escudarse en la moral para proteger su impunidad.
Conclusión: lo que el PSOE debe a las prostitutas
El PSOE no necesita otra comisión ética. Necesita coherencia. Y sobre todo, necesita pedir perdón. No a sus votantes: a las miles de mujeres que han sido estigmatizadas, marginadas, invisibilizadas por sus leyes mientras algunos de sus cargos las consumían como producto de lujo en la oscuridad.
La prostitución no desaparecerá por decreto. Pero sí puede dejar de ser el escenario de los excesos del poder. Para eso hace falta algo más que feminismo institucional: hace falta justicia, coraje político y respeto a la libertad individual. Hace falta decir la verdad.
Y la verdad es que legalizar el trabajo sexual es la única forma seria de combatir el abuso y de evitar que el dinero público acabe en camas alquiladas por senadores en hoteles de cinco estrellas.
