La noticia la publicaba ABC. La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional detuvo a un jefe de Grupo de la Brigada de Extranjería y Fronteras. Responde a las iniciales F.H. Está acusado de agredir a una mujer, «víctima potencial de trata de seres humanos» para explotación sexual. Le atribuyen delitos de lesiones, torturas, y ataque a la integridad moral. La prueba está recogida en la filmación de una cámara. El policía agarra a la víctima, la lanza contra un banco de madera, la tira al suelo, la vuelve a empujar, amenaza con darle un bofetón. Otros dos policías de uniforme detienen la agresión. Esta vez la prueba está filmada.
Lo denunciaba en el podcast Condenadas a la clandestinidad el sociólogo José López Riopedre: las prostitutas a quien temen es a la policía. Sorprende ese temor. Es otra de las piezas que no encaja en el relato oficial. Si el 90% están obligadas, como sostiene algún mando policial del primer nivel, la Policía Nacional debería ser un cuerpo querido, respetado, anhelado entre las trabajadoras del sexo. Y sin embargo no es así. Escuchen este relato de una mujer, que habla de las presiones durante los registros en pisos y locales.
Este testimonio sirve para demostrar que la policía utiliza métodos ilegítimos, formas de presión que van encaminadas a demostrar una tesis falsa. Estos métodos invalidarían cualquier investigación destinada a terminar en un proceso judicial. ¿Qué juez daría por buenas las pruebas obtenidas con métodos de presión y coacción? López Riopedre denunciaba también que la mayor parte de las operaciones que se ofrecen a la opinión pública como golpes a las mafias de trata, terminan con magros resultados: la deportación de aquellas mujeres que no tienen papeles y se han negado a presentar denuncias falsas. Las notas de prensa y las noticias de televisión hacen mucho ruido, pero no liberan a nadie de nada. Esas mujeres deportadas, al cabo de unos meses, están de nuevo en España.
Nadie socialmente defiende a los empresarios y gestores de pisos y locales, y a la que una chica inicia cualquier denuncia o se produce una redada, la policía utiliza en ocasiones medios no legítimos para lograr un proceso judicial que nace ya con sesgos. Son noticias jugosas que se venden como grandes hazañas policiales pero la realidad es mucho más mundana. Rara vez hay organizaciones de peso detrás y casi siempre se acaban juzgando aspectos externos que quedan bien en la nota de prensa pero realmente no son un delito, como el mal estado de las instalaciones, los horarios o el uso de drogas en la actividad.
Así se explica que en España las condenas anuales por prostitución forzada no pasen de treinta. Son estadísticas del Poder Judicial que se pueden consultar en este enlace. Una fracaso de la Policía si es que a estas alturas seguimos mantiendo que el 90 por ciento están obligadas a ejercer la prostitución. Un desastre de investigación si damos crédito a la publicidad con la que se cierran esas operaciones policiales.
Operación Escortum
En 2017, agentes de la Policía Nacional, de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social lanzaron una operación contra clubes. La llamaron operación Escortum. Los inspectores de Hacienda tenían orden de paralizar toda inspección en el momento que la policía encontrara alguna mujer forzada a la prostitución. En respuesta a una consulta al Portal de Transparencia, la Agencia Tributaria reconoció que ni una sola de las decenas de inspecciones de aquel día fueron paralizadas. Es decir, que ninguna mujer reconoció estar coaccionada, a pesar de las presiones de la policía para que «dijeran lo que queremos escuchar».
Sabemos de primera mano de locales en los que la policía ha pedido el favor de mantener a chicas trabajando para que, llegada la declaración ante el juez, tenerlas localizadas porque no eran capaces de gestionar su manutención durante ese tiempo. Luego sin embargo salen las campañas y los mandos de turno dicen que es un sector amplia o totalmente criminal en las campañas. Lo cierto es que la política policial. por mucho que el Ministerio del Interior se dedique a inflar las cifras, es un fracaso. Cuando las mujeres a las que deberían estar protegiendo reconocen que la Policía es su primer temor, estamos ante una quiebra del principio de confianza, que es el que legitima la acción de las fuerzas de seguridad.
