Ana Redondo, ministra de Igualdad, sorprendió a sociólogos y antropólogos con las conclusiones de un informe de su ministerio sobre prostitución en España. El estudio, realizado a partir de anuncios, establecía el número preciso de personas dedicadas al trabajo sexual y apuntaba a ese mantra tantas veces repetido por oficiales de la Policía Nacional y por el propio gobierno, que dice que el 80 % de las mujeres que ejercen lo hacen en situación de trata o explotación. A la ministra, es curioso, le salen las mismas cifras. Parece como si el estudio viniera a confirmar con un supuesto rigor científico, lo que hasta ahora se afirma sin ninguna evidencia. Más bien las pruebas tendían a desmentir los mantras policiales. Pero han bastado unos días para que científicos e investigadores desmientan punto por punto todas las conclusiones del informe ministerial, y adviertan en el estudio, sesgos racistas.
La Macroencuesta sobre trata, explotación y prostitución de mujeres ¿por qué solo de mujeres? se ha hecho sobre anuncios publicados en webs y en otros medios. Del informe sólo se han publicado las conclusiones. Se desconoce, por tanto, el detalle del método empleado. Los autores del estudio aseguran que en España ejercen la prostitución 114.576 mujeres, y que unas 95.000 estarían en riesgo de ser consideradas víctimas de trata. Pero este 23 de septiembre, un grupo de profesionales de la investigación académica con presencia en más de veinte Universsidades de todo el país, han expresado su «sorpresa y preocupación por la evidente falta de rigurosidad científica sobre la que se sostienen estos datos». Los firmantes del comunicado atestiguan la «instrumentalización política de ciertas problemáticas y hechos sociales por parte de algunos partidos hasta comprometer algunos de los principios más básicos de la ciencia y acabar perjudicando y abundando en el estigma de los colectivos más vulnerables».
La denuncia de este grupo de científicos se concreta en varios puntos. Primero el llamado indicador de «exotismo» que maneja el estudio, que al grupo de académicos le resulta «absolutamente bochornoso, no solo por la grave neglicencia metodológica, sino porque visibiliza el racismo y la discriminación como base ideológica del estudio: ¿desde cuando esta categoría da cuenta del potencial de grado de vulnerabilidad de una posible víctima?»
En segundo lugar, el grupo traslada a la ministra el conocimiento que los investigadores han obtenido del estudio real, empírico y cercano de la prostitución. Y señalan que, a menudo, cuando un mismo número de teléfono sirve a varias personas, se trata de una agencia, y no se debe concluir que todas esas mujeres están siendo explotadas por bandas de trata. Es llamativo que el mismo gobierno que ha prohibido la publicidad de servicios sexuales concluya ahora que la concentración de servicios telefónicos es indicio de trata. El comunicado concluye que «la causa la ha generado el propio gobierno», porque sus medidas han ido contra las mujeres que ejercían de forma autónoma, y «por ello tiene también en sus manos reducir la clandestinidad y la explotación económica a la que están expuestas por causa de su política».
Estupor, preocupación y verguenza.
El comunicado de los académicos añade que «es sorprendente que la cifra arrojada como titular, el 80» de potenciales víctimas de trata, coincide casualmente con la que suele ofrecerse desde los discursos abolicionistas, pero se contradice y aleja sobremanera de la dispuesta en los informes y estudios producidos desde instituciones cercanas al terreno (In Género, 2021) o de la propia academia, que teniendo en cuenta las dificultades para tener una cifra real en España, hace estimaciones en contextos y momentos concretos que se remien a cifras en torno al 10-30% (UNDOC, 2010; Meneses y Urío, 2021; Meneses, 2020)».
La Red de Voces Feministas por los Derechos termina mostrando su estupor, preocupación – y cierta verguenza- por la publicación de estos resultados preliminares y su «efecto ola» en diversos medios de comunicación». La Red insta a la sociedad civil a «tomar estas informaciones con cautela y a cuestionar las políticas públicas que se justifiquen teniéndose como referencia». Y reclaman que los datos completos, los autores de la llamada macroencuesta y sus métodos sean públicos para analizarlos, cotejarlos y que la comunidad científica los pueda discutir con los criterios de transparencia que deben presidir la investigación cientítica.
